La prueba de la investigación privada en el proceso judicial

Conocimiento acerca del valor que se le concede a la declaración de los hechos conocidos en el seno de la investigación privada por el detective privado contratado por una de las partes en el marco de un litigio judicializado. Conocimientos adquiridos sobre los conceptos y líneas doctrinales y jurisprudenciales relativas a la prueba ilícita, respecto de los Derechos Fundamentales en la obtención y aportación de la prueba al procedimiento, distinción de los roles de testigo, perito y testigo-perito en la persona del detective privado.

Empresas de cualquier sector pueden utilizar las pruebas obtenidas por detectives privados para verificar las bajas laborales de los empleados, así como para el esclarecimiento de sustracciones de bienes muebles del trabajo, malversación de fondos, vulneraciones de confidencialidad e infidelidades empresariales acometidas por empleados.

El uso de los medios de prueba en los procesos laborales puede resultar tedioso al intentar no vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, privacidad, honor y propia imagen. Por la complejidad de determinar qué pruebas son idóneas para el proceso judicial en el ordenamiento jurídico español supone de gran ayuda contar con el conocimiento de la jurisprudencia relativa a la admisión de pruebas relacionadas con las investigaciones ejecutadas por los detectives privados. Con el asesoramiento se pretende que las empresas que contraten a un investigador privado puedan aportar de manera correcta al proceso las pruebas de sus pretensiones. La experiencia en este ámbito deviene de investigaciones en el ámbito académico, siendo el eje central el conocimiento de la jurisprudencia cambiante, y doctrina, en la admisión de pruebas y la vulneración de derechos fundamentales.

Totalmente operativo. Este conocimiento está disponible para su implementación inmediata a través de consultoría técnica para departamentos jurídicos, de recursos humanos o despachos de abogados que requieran una base científica y jurisprudencial sólida para sus casos.

• Departamentos de Recursos Humanos (RRHH) de empresas de cualquier sector.
• Despachos de Abogados y Asesorías Jurídicas.
• Compañías de Seguros y Mutuas Colaboradoras.
• Agencias de Investigación Privada (que busquen mejorar la calidad procesal de sus informes).
• Entidades Financieras y de Crédito.

Kristina Polotskaya – Instituto Centro de Investigación Operativa